A todos los políticos canarios me gustaría realizarles un ruego: basta ya de que utilicen las únicas herramientas jurídicas y económicas de las que dispone Canarias para aliviar las consecuencias económicas que sufre, derivadas de nuestra insularidad, lejanía y fraccionamiento, para profundizar en el empobrecimiento de nuestra sociedad ad perpetuam.

Antes de nada, y para no llevar a nadie al engaño, tengo que decir, que un servidor, el que escribe este artículo, no es un experto jurídico, ni un prestigioso economista, no. Soy un humilde bachiller, pero con la experiencia que me da mis muchos años de vida, la mayor parte de ellos ligados a la empresa y vinculados al puerto, desde distintas ópticas.

Muchos años estuve llevando y trayendo los llamados despachos del Cabildo, que no eran otra cosa que el pago del arbitrio que gravaba las importaciones, que durante muchos años estuvo al 3%, luego al 5%, y finalmente disfrutamos de franquicias aduaneras plenas, es decir, no se pagaba impuesto alguno, ni se precisaban licencias de importación.

Hasta que llegamos al actual Régimen Económico y Fiscal, basado principalmente en el Impuesto General Indirecto Canario, que gravan bienes y servicios, que se produzcan, consuman o se presten en las islas Canarias, y en el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (anteriormente con otras denominaciones).

Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, en el último año lo que se ha recaudado por IGIC, es exactamente el mismo importe de lo recaudado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF. La importancia de este dato, es lo que a mi juicio, es una perversión o injusticia del sistema tributario, ya que mientras el IRPF se paga en base a nuestros ingresos, de manera proporcional, el IGIC, lo pagamos todos los ciudadanos por igual, con independencia de nuestra capacidad de renta, por el mero hecho de consumir, o de contratar un servicio.

Esta situación que se produce en Canarias, donde pagamos en la imposición indirecta, lo mismo que en la imposición directa, repito, con lo injusto que es socialmente, es la consecuencia de la actual concepción del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Si hacemos un somero repaso de la historia de Canarias, y analizamos nuestra trayectoria hasta llegar aquí, vemos que desde el primer rey, Tenesor Semidán, que tomó el nombre de Fernando Guanarteme, cuando la adhesión de Canarias al Reino de Castilla, hizo valer ante los reyes de esa corona, la débil situación de Canarias, por el gran alejamiento de nuestras islas, la escasez de recursos naturales para abastecer a la población, y el fraccionamiento del territorio.

Efectivamente, los Reyes Católicos comprendieron hasta tal punto estas circunstancias, y la debilidad económica de las islas, que decretaron que en Canarias se pagara el 80% menos de los impuestos que pagaban los súbditos de la Corona de Castilla, ya que sería la única manera de garantizar el abastecimientos de los habitantes de Canarias en ese momento, y de atraer población a esta tierra de otros puntos de la Corona. Entendieron que los habitantes de Canarias debía gozar de la solidaridad del resto de los súbditos de la Corona, y por tanto, no podían pagar los mismos impuestos.

Unos siglos después, gracias a las inquietudes de la burguesía canaria, profundamente preocupada por la pésima situación que se vivía, y en especial, gracias al entonces ministro don Juan Bravo Murillo que pronunció en una memorable exposición sobre la realidad de Canarias se logró que fuéramos declarados Puertos Franco, según sus propias palabras: «Declárensen Puertos Francos las Islas Canarias y todos los inconvenientes desaparecerán. Sueltas las trabas que embarazan la acción mercantil, se formará allí naturalmente un gran centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo y aquellas islas , ahora olvidadas, serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes».

Y así fue, el crecimiento comercial experimentado en las islas, en la producción y en todas las actividades anexas fue incomparable. Nuevamente, los rectores de los destinos de la nación, fueron conscientes de que Canarias necesitaba de la solidaridad del resto del territorio nacional.

Y llegamos a la etapa democrática, en la que se recoge en el Estatuto de Autonomía (artículo 46) que: Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo.

Las condiciones mercantiles de Canarias son absolutamente diferentes a las del resto del territorio nacional, e incluso continental, y esa es nuestra realidad. Y esa es la razón por la que siempre se exigió un trato diferenciado, en cuanto a la exigencia de pagar menos impuestos, ya que era un territorio que precisaba de la solidaridad de los demás para poder generar de condiciones propicias para la economía, el empleo, y sobre todo el bienestar social.

Tenemos unos condicionantes estructurales y geofísicos que nadie puede modificar, esto es incontrovertible.

Por esto, salvo un brevísimo período de tiempo, Canarias tuvo una fiscalidad indirecta muy inferior al resto del territorio nacional, ya que era la única posibilidad de estimular las distintas actividades económicas.

Pues bien, llevamos viendo en los últimos tiempos a todos los políticos canarios felicitarse por el mejor REF de la historia, convocando actos públicos en distintos foros y auditorios para celebrar la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, aplausos y palmadas entre unos y otros, y cuando acudo a la lectura del mismo, veo pasmosamente en como ha quedado diseñado el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en dicho Estatuto. Unos días que se garantiza la financiación del REF, con independencia de los Presupuestos Generales del Estado, otros que no, que se sientes engañados…

En el actual artículo 166 del Estatuto de Autonomía se dispone:
1. Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial, propio de su acervo histórico constitucionalmente reconocido y justificado por sus hechos diferenciales.
2. El régimen económico y fiscal de Canarias se basa en la libertad comercial de importación y exportación, en la no aplicación de monopolios, en las franquicias fiscales estatales sobre el consumo, y en una política fiscal diferenciada y con una imposición indirecta singular, que se deriva del reconocimiento de las Islas Canarias como región ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea…

Es decir, aunque enuncia el acervo histórico, de hecho, hemos renunciado a él, ya que acervo es hemos renunciado en todo o a una parte significativa a él, ya que acervo es un conjunto de prácticas, decisiones y criterios que se han venido aplicando en materia fiscal y económica en Canarias. Si antes, nuestro REF consistía en gozar de todas las franquicias arancelarias y aduaneras, sobre el consumo, y ahora, sólo son exclusivamente franquicias arancelarias estatales, se ha producido una notable pérdida, hasta en el papel.

Pero es que además, establece que tendremos una imposición indirecta singular, sin que se establezca cual es esta singularidad. ¿Por qué no se ha establecido, mejor garantizado, en una norma de este rango, que la fiscalidad indirecta singular es inferior a la del resto del territorio nacional, que en definitiva, es lo que ha conformado nuestro acervo histórico?. La solidaridad fiscal que Canarias precisa, no se ha conseguido, se ha renunciado.

Sr. Clavijo, y demás representantes políticos canarios, trabajen por un sistema tributario justo, diferenciadamente inferior al resto del territorio nacional, en la imposición directa del que se beneficien las personas físicas, ya que las empresas ya nos beneficiamos, pero sobre toda en la imposición indirecta, ya que es la más injusta, y además redundaría, como dijo Bravo Murillo, en las actividades mercantiles de Canarias, y por ende, del empleo.

Antonio Rodríguez Suárez.