Superadas las trabas territoriales para la construcción del Puerto de Granadilla, en Tenerife, esta isla se encamina a ser la primera que tendrá una planta de gas natural licuado, que constituye uno de los proyectos de inversión más complejos y de mayor impacto que se lleven a cabo en Canarias.

En cambio, Gran Canaria vuelve a quedar rezagada. El cabildo todavía no ha terminado de decidir dónde ubicará la planta de gas, prevista en prácticamente todos los planes energéticos que han confeccionado los últimos gobiernos autonómicos.

El retraso de la corporación insular puede dar lugar a que el Gobierno del Estado tome las riendas del asunto e imponga el lugar, ya que el marco legislativo le capacita para eso, según indican fuentes vinculadas indirectamente al Gobierno autonómico de Canarias.

Sin embargo, esto tampoco está tan claro al menos para el cabildo. Su presidente, José Miguel Bravo de Laguna, indicó en junio de 2013 que había preguntado al Ministerio de  Industria, Energía y Turismo si era éste quien debía de establecer el lugar para la planta o la corporación a través del plan territorial especial de hidrocarburos.

En declaraciones públicas, el ministro, José Manuel Soria, ha  insistido en varias ocasiones en situar la infraestructura en el  Puerto de Arinaga y en declararla de interés general para superar el rechazo frontal del alcalde Antonio Morales. Sin embargo,  el secretario de Estado de Energía, Enrique Hernández Bento, negó que el expediente para iniciar tal declaración se hubiera tramitado.

Mientras tanto, el Gobierno autonómico evita posicionarse respecto de los impedimentos en Gran Canaria. Ayer, la consejera competente en Industria, Francisca Luengo, rechazó aclarar el futuro de la planta de gas en esta isla y, por el momento, se ha limitado a asumir la aseveración de Soria de ubicarla en Arinaga.

No obstante, el Ejecutivo ha ido dando pasos en el marco legislativo, por ejemplo con las directrices de ordenación del sector energético que se están negociando con las diferentes administraciones.

En ellas se vuelve a apostar sin ningún género de dudas por «la introducción prevista del gas natural como un elemento indispensable para la diversificación de las fuentes de suministro energético necesaria para reducir la dependencia excesiva del petróleo, la reducción de las emisiones de GEI y una reducción en la factura de combustibles para la generación eléctrica».

Además, el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales permite al Gobierno suspender temporalmente el planeamiento para construir una obra que haya sido declarada de interés general tras lo cual se restaura el planeamiento.