Representantes de pymes y autónomos expresaron ayer sus quejas ante la complejidad para solicitar las ayudas directas que la Comunidad Autónoma activó la semana pasada.

La solicitud es muy compleja, requiere de tiempo y de los servicios externos de gestorías, lo que supone un coste añadido a los afectados.

Además, muchas actividades se quedan fuera, mientras que hay otras que sobran porque no hay en las Islas.

También están excluidos los negocios que abrieron a principios de 2020.

Otra cuestión que no se entiende es la reducción del 30%. La comparativa de caída es entre el segundo semestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, por lo que no se incluye el primer semestre que estuvo marcado por el estado de alarma.

Hasta ahora se han presentado unas 9.000 solicitudes.