El desarrollo de la Ley de Desindexación, que se aprobó el pasado viernes por el Consejo de Ministros, establece que los valores monetarios públicos (rentas, precios o tasas) dejarán de estar vinculados al IPC y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos.

El Gobierno pretende evitar con esta norma la segunda ronda de inflación, que supone un alza automática en los precios aunque los costes específicos de ese servicio no se hayan visto alterados.