La Consejería de Empleo anunció la pasada semana que iba a realizar más de 1.300 inspecciones en toda Canarias hasta el próximo mes de noviembre.

Las empresas, sobre todo del sector servicios (comercio y hostelería) se muestran preocupados por la posible inspección.

El presidente de la Asociación Davide para la Defensa del Contribuyente, José Alfonso García Morales, explica que los inspectores “no pueden entrar en las empresas sin autorización judicial».

García señaló que los inspectores sí que pueden entrar en zonas comunes y de atención al público, pero no en el resto de la oficina. Además, explicó, “se puede dar el caso de que si esto ocurre y el empresario recurre, el procedimiento queda anulado porque se atenta contra un derecho fundamental”.

El presidente de esta Asociación quiere aclarar esta situación porque ahora con el inicio de la campaña se pueden producir “abusos” de la administración, ya sea por desconocimiento del empresario o por miedo a que si se oponen pida la documentación a sus empleados y la multa o la sanción sea más grande.