A pesar de ser muy anglófilo, por los años vividos en Reino Unido, no soy lector habitual de prensa inglesa, pero la casualidad y el hartazgo de portadas de toda clase de corrupciones en la prensa española, hizo que ese día comprara el Times en el aeropuerto para amenizar mi viaje.

En él encontré unas declaraciones del primer ministro Cameron, que titularon «lo que está moralmente equivocado» y que me llamaron poderosamente la atención. Las declaraciones decían: «Lo que está moralmente equivocado es que el Gobierno gaste dinero como si creciera en los árboles. Cada libra de dinero público comenzó como un beneficio privado. Cada millón de libras en el Tesoro representa trabajo duro, la alarma del reloj al amanecer, los largos viajes para asistir al trabajo. Las horas pasadas en la fábrica, la oficina, en los hospitales, horas dando clases en los colegios». Y yo añado: las horas de trabajo de nuestros cuerpos de policía, guardia civil, arriesgando sus vidas para garantizar nuestra seguridad, etc. etc.

Esta reflexión tan obvia como cierta y llena de sentido común parece estar ausente en nuestro país, en la sociedad española en su conjunto. Esto ocurre a nivel nacional, a nivel autonómico e institucional.

Esta España de 17 estaditos yuxtapuestos (definición del catedrático Tomás Ramón Fernández), que ha demostrado su ingobernabilidad y su inviabilidad económica, reproduce en paralelo la organización del Estado español, olvida que el dinero público no crece en los árboles; estos estaditos en donde se han desarrollado grandes corrupciones, manejan el dinero generado con el trabajo de millones españoles y el riesgo privado de miles y miles de empresas, con absoluto desprecio al esfuerzo de la sociedad que los generó.

Han fulminado «irresponsablemente» la que podríamos llamar la banca del pueblo (las históricas cajas de ahorros) que llegaron a suponer casi el 50% del sector financiero español; de hecho, hoy sobreviven sólo por las ayudas de miles de millones de euros que nos han obligado a regalarles a casi todas ellas, (la de Galicia, la Valencia, la Catalana); todo ello con nuestro dinero, que no crece en los árboles, insisto.

Son estas las razones que me llevan a pensar que la verdadera causa de tanto dislate, no es otra que la falta de sentido y sentimiento de Estado. De que todos los españoles, independientemente de la región en la que se haya nacido o se esté residiendo, tengamos este sentido, como ocurre en países de sólidas democracias, despojadas de complejos provincianos y políticos, como en Reino Unido.

Yo sé que España no admite frivolidades, ni bromas, ni está para experimentos en estos momentos.

La Constitución que yo no voté, por las razones que expuse en un artículo anterior, debe garantizar la vuelta a la unidad (como se ha concebido históricamente), que las 17 comunidades autónomas y el estado persigan los mismos objetivos, puesto que cada una de ellas forman parte del todo. El todo no se concibe sin cada una de sus partes, pero las partes por sí solas tampoco tienen sentido. Todos debiéramos anhelar el bienestar para todos, el desarrollo económico y social de España, que nuestro país sea referente de empleo, de ciencia, de sanidad….

Es hora ya de poder hablar de la unidad de nuestro país, de nuestro estado, sin complejos, sin que se nos tache de querencias a regímenes anteriores, pues una democracia sólida está por encima de ello.

El descontrolado proceso de descentralización iniciado en la transición, que han configurado los 17 estaditos conviviendo con la Administración del Estado han abocado a la España que tenemos hoy, con una deuda del 100% del PIB y 4.500.000 parados.

Esta escalada comenzó con los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo, se incrementó con el Gobierno de Felipe González que nos llevó a una deuda del 66% del PIB y más de 3.000.000 de parados; el Gobierno de Aznar lo baja al 46% y el paro al 12%, pero desoyendo a los consejos del catedrático Barea, que admitía que había una crisis en Europa, pero que España tenía otra gran crisis, que era la superestructura que había que urgía reformar profundamente, para devolver el Estado del Bienestar a los niveles en los que fuera financieramente sostenible.

Decía también el Sr. Barea que las empresas públicas, tanto de las autonomías como las del Estado, eran una gran losa para el crecimiento y que los políticos en estas empresas anteponían los beneficios electorales a la cuenta de resultados. Después con el Gobierno de Rodríguez Zapatero se vuelve a llevar a una deuda del 66%, con 5.500.000 de parados y un déficit del 12%. Cuando llega el Gobierno de Rajoy ante tan dramática situación, sube los impuestos, con el tremendo sacrificio de la población, pero no se atreve (como ninguno de los gobiernos anteriores) a quitar del todo los gastos innecesarios, los superfluos y hacer una verdadera reforma de la Administración pública.

Sr. Rajoy, le pido algo que solamente lo puede hacer alguien que de verdad ame a España y respete el esfuerzo realizado por sus gentes. Acometer la reforma que de verdad necesita nuestro país, que es la de la Administración y exigir (empezando por su propio gobierno) que cada euro que gestiona la Administración (sea central, autonómica o local) redunde en beneficio de la sociedad, pues es esta quien lo genera con su propio esfuerzo, para lograr de una vez una España grande y única frente al resto de los países.

Antonio Rodríguez Suárez, español nacido en Canarias.