Los agentes económicos y sociales de Canarias mostraron sus reparos a que el superávit se destine íntegramente a los servicios públicos esenciales. El Gobierno canario y el Estado mantienen un debate sobre el uso de estos fondos.

Los sindicatos, por su parte, sí coinciden con el Ejecutivo y respaldan el objetivo de invertir los casi 600 millones de superávit de la región en políticas sociales, ante las graves necesidades de financiación que estas padecen en las islas.

El Gobierno está buscando el apoyo de patronales y sindicatos en el Consejo Asesor convocado para la próxima semana.

Los empresarios tienen sus reservas y quieren escuchar primero todas las explicaciones del Ejecutivo.

Desde la Confederación Canaria de Empresarios se sostiene que los fondos generados por el superávit se destinen a inversiones financieramente sostenibles porque generan más ingresos en los próximos ejercicios. Sin embargo, si van al gasto corriente provocan nuevos compromisos financieros y más déficit.