La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, pretende aprobar antes de acabar el año una orden ministerial dotada de 350 millones de euros para acciones formativas a nivel estatal, prioritariamente dirigidas a trabajadores ocupados.

Esta partida busca “compensar la inactividad” del anterior gobierno, que no había convocado planes de formación para ocupados ni en 2017 ni en 2018, lo que provocó que multitud de centros y entidades formativas se declarasen en quiebra.