El lío formado en torno al alquiler vacacional ha obligado al Parlamento a posponer por segunda vez su regulación, hasta el final de la legislatura.

Casi veinte asociaciones y federaciones, entre las que están Cecapyme, FEHT y Fedeco, han suscrito una declaración conjunta en contra del proyecto de ley, entendiendo que atenta contra la libertad de mercado.

Los grupos parlamentarios prefieren ahora esperar al informe del Consultivo antes de tomar una decisión final sobre la norma.

José Juan Socas, presidente de Cecapyme, subraya que es fundamental buscar el consenso social y empresarial y no regular una actividad que tiene una afectación importante en la economía canaria «sin previo aviso» y «con prisas». «Lo más grave es el daño que puede causar a familias o pequeñas y medianas empresas que viven del sector de la vivienda vacacional. Nunca valoramos todo lo que está alrededor de una medida».

Fedeco, por su parte, entiende que esta modificación perjudica a numerosas familias que cuentan con los ingresos que logran de esa actividad.