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El Gobierno rectifica y media en el conflicto de la Sociedad de Avales

Después de un mes, el Gobierno de Canarias ha decidido dar el paso para tratar de solventar la crisis surgida en la Sociedad de Avales de Canarias, a raíz del papel jugado por los propios representantes del Ejecutivo en la nueva entidad, surgida de la fusión de las dos provinciales: Sogapyme y Sogarte.

Pero por fin se ha movido ficha para satisfacer a los empresarios de Las Palmas -la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios- y al Cabildo y evitar que abandonen la entidad.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortíz, fue el encargado ayer de apaciguar la tensión generada en las últimas cuatro semanas en un encuentro mantenido con los presidentes y secretarios generales de las dos patronales canarias: José Carlos Francisco y Pedro Afonso, por la CEOE de Tenerife; y Agustín Manrique de Lara y José Cristóbal García, por la CCE de Las Palmas.

Tras más de dos horas de reunión el Gobierno se comprometió a solicitar a la Sociedad de Avales un estudio de viabilidad económica, financiera y de gobernabilidad que deberá estar ultimado antes de que finalice este mes y que deberá contar con el consenso de las partes.

Terminado el informe se decidirá si es necesario aplicar algún cambio en la estructura de personal o de costes de la nueva sociedad de cara a garantizar su futuro y dotarla de una gestión eficiente.

Desde el Gobierno de Canarias y las patronales se mostró una absoluta predisposición para intentar reconducir la situación y evitar la marcha de instituciones de una entidad clave para las pymes isleñas, ya que facilita su financiación. Sin embargo, todos son conscientes de las dificultades de alcanzar un consenso.

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