Después de un mes, el Gobierno de Canarias ha decidido dar el paso para tratar de solventar la crisis surgida en la Sociedad de Avales de Canarias, a raíz del papel jugado por los propios representantes del Ejecutivo en la nueva entidad, surgida de la fusión de las dos provinciales: Sogapyme y Sogarte.
Pero por fin se ha movido ficha para satisfacer a los empresarios de Las Palmas -la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios- y al Cabildo y evitar que abandonen la entidad.
El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortíz, fue el encargado ayer de apaciguar la tensión generada en las últimas cuatro semanas en un encuentro mantenido con los presidentes y secretarios generales de las dos patronales canarias: José Carlos Francisco y Pedro Afonso, por la CEOE de Tenerife; y Agustín Manrique de Lara y José Cristóbal García, por la CCE de Las Palmas.
Tras más de dos horas de reunión el Gobierno se comprometió a solicitar a la Sociedad de Avales un estudio de viabilidad económica, financiera y de gobernabilidad que deberá estar ultimado antes de que finalice este mes y que deberá contar con el consenso de las partes.
Terminado el informe se decidirá si es necesario aplicar algún cambio en la estructura de personal o de costes de la nueva sociedad de cara a garantizar su futuro y dotarla de una gestión eficiente.
Desde el Gobierno de Canarias y las patronales se mostró una absoluta predisposición para intentar reconducir la situación y evitar la marcha de instituciones de una entidad clave para las pymes isleñas, ya que facilita su financiación. Sin embargo, todos son conscientes de las dificultades de alcanzar un consenso.