La negociación de la reforma laboral incluye cómo reducir la temporalidad del mercado laboral español, uno de los aspectos más conflictivos que reclama abordar la Comisión Europea.

El Ministerio de Trabajo y el de Economía estudian limitar los trabajadores temporales que pueden tener las empresas. Se manejaba un porcentaje del 15% que se ha desestimado. Gobierno y agentes sociales entienden que establecer un porcentaje general no es adecuado y hay que tratarlo de manera sectorial, teniendo en cuenta el tamaño y circunstancias de las empresas.

Lo que el Gobierno pretende es acotar las condiciones en las que las empresas puedan hacer contratos temporales. Pero estas limitaciones no contentan a los empresarios, que consideran que se bloquean las capacidades de determinadas empresas para cubrir los picos de actividad que tienen que afrontar en determinadas temporadas, como la hostelería o el turismo.

Para esto, el Ministerio plantea una reformulación de los contratos fijos-discontinuos para que puedan suplir determinadas contrataciones temporales.