El Consejo de Gobierno aprobó ayer aplazar el cobro del IGIC hasta el próximo uno de junio, lo que permite a las administraciones públicas canarias incorporar 600 millones a la actividad del Archipiélago.

Otra de las medidas económicas adoptadas ayer por el Ejecutivo es la implementación de un 30%, por parte de la comunidad autónoma, de las ayudas a los autónomos. El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros contempla un 70% en caso de que cesen en su actividad. De esta manera, los autónomos podrán disponer del 100% de su paro.

También habrá un suplemento de crédito de veinte millones de euros para el Servicio Canario de Salud, que podría ampliarse si la crisis sanitaria lo requiere.

Además, el Gobierno ha dispuesto medidas para agilizar la tramitación de ERTEs y que los expedientes puedan ser respondidos en cinco días.

Los trabajadores que estén cobrando en esta situación de emergencia no verán restados sus plazos para un posterior escenario de despido.