Canarias no aceptará el acuerdo propuesto por Madrid para saldar la deuda de 865 millones de euros que el Estado tiene con la Comunidad Autónoma por impagos de los convenios de carreteras del período 2012-2016.
La propuesta que Fomento envió al Ejecutivo regional la semana pasada implicaría que el Archipiélago solo pudiera destinar el dinero para el pago de deuda. Esto significa que el dinero que el Estado debia haber transferido en su momento para nuevas carreteras no podría emplearse en la red viaria de las Islas. Tampoco en sanidad, políticas sociales o cualquier otra cosa que no sea pagar deuda.
El Tribunal Supremo obliga al Gobierno central a transferir a Canarias esos 865 millones, incluidos los intereses, que en su día no abonó y parte del cual puso Canarias de su bolsillo para no paralizar las obras en marcha.
La excusa para no ingresar los fondos entonces fue la crisis económica.
El Ejecutivo canario pactó con el gobierno del PP un acuerdo extrajudicial por el que el Estado transferiría cada año algo más de 107,7 millones durante ocho anualidades, hasta cubrir el total de la deuda. Ese dinero quedaría fuera de la regla de gasto, pudiendo destinarse para carreteras, sanidad o cualquier otra necesidad.
Ahora, el Gobierno socialista pretende un primer pago de 430 millones, cantidad que tuvo que adelantar Canarias, y que aumentaría el superávit de la región, un saldo que tiene actualmente bloqueado, pese a ser una de las comunidades menos endeudadas.
Las islas vienen exigiendo a Madrid que se flexibilice la regla de gasto y le permita destinar su superávit a inversión social y no exclusivamente a saldar deuda.