El concurso público para el mantenimiento de las carreteras de Gran Canaria, que acumula casi un año de retraso tras una denuncia anónima por presuntas irregularidades en la primera adjudicación, no podrá resolverse hasta después de las elecciones del 24 de mayo, según declaró ayer el consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, quien auguró que, en el mejor de los escenarios, solo queda tiempo para realizar una nueva propuesta de adjudicación, pero en ningún caso se podrán firmar los contratos con los ganadores.

Se espera que el gobierno insular salido de las urnas reciba una avalancha de recursos administrativos y judiciales por parte de las empresas participantes. El concurso para la conservación de la red viaria de Gran Canaria, dividido en ocho lotes y por un valor total de 70 millones de euros, se encuentra actualmente en el plazo de subsanación de errores en las ofertas presentadas.

La Mesa de Contratación del Cabildo ha abierto un plazo, hasta el próximo viernes 10 de abril, para subsanar la documentación de los criterios subjetivos. Al respecto, el consejero de Obras Públicas precisó que 13 de las 23 empresas que se presentaron a la licitación han sido requeridas para subsanar los errores y que “la mayoría de ellas ya lo han hecho”.

Según sus cálculos, a finales de abril se podría convocar a la Mesa de Contratación para abrir el sobre de la oferta económica, y elevar una propuesta de adjudicación de los ocho lotes para que sea aprobada antes de las elecciones del 24 de mayo. Sin embargo, los plazos para la presentación de recursos, avales y verificación de ofertas retrasarán durante varias semanas la adjudicación definitiva. Por lo tanto, será el próximo presidente del Cabildo el que tenga que resolver este polémico concurso público. Fuentes empresariales consultadas ayer no descartaron que el futuro gobierno insular, sea cual sea el color político, acabe anulando todo el procedimiento y convocando un nuevo concurso, pues sería la fórmula más sencilla de eludir los pleitos judiciales.

El nuevo gobierno del Cabildo también tendrá que hacerse cargo de la conservación de la red de carreteras, pues la normativa impide continuar prorrogando los actuales contratos. Las empresas concesionarias siguen realizando el mantenimiento, pero sin ningún tipo de contrato que lo ampare, por lo que todas las facturas tienen el correspondiente reparo del servicio de Intervención del Cabildo.

Las concesiones están caducadas desde finales de febrero y las empresas no han cobrado desde entonces, según aseguraron ayer.