Cecapyme ha advertido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, del preocupante aumento de la cesta de la compra en las Islas, ocasionado por factores fácilmente detectables y que deberían ser corregidos, con el objetivo de que desciendan en Canarias los  índices de desempleo y las tasas de población en riesgo de pobreza y exclusión social.

Los empresarios vienen observando un aumento de la desigualdad social, en el que existe una concentración de la riqueza en un menor número de empresas, lo cual no favorece la creación de riqueza y de empleo.

En un encuentro con el presidente de Canarias, la junta directiva de Cecapyme puso sobre la mesa la oportunidad de tomar medidas que ayuden a la economía en las Islas y de entre ellas se trató el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancía (AIEM), que tiene que ser renovado el próximo 31 de diciembre de 2020. Para los empresarios, el AIEM es una figura tributaria discriminatoria, desmesurada, distorsionadora de la libre competencia, rupturista con la unidad de mercado en España y en la Unión Europea, además de regresiva socialmente.

Cecapyme recuerda que gravar los productos que se importan a Canarias con este impuesto solo hace que lo abone el consumidor  por igual, independientemente del nivel de renta de quienes los consumen. Por ello, ha propuesto al presidente de Canarias que se eliminen de su aplicación los productos que no se fabrican en el Archipiélago, o que sólo se envasan; y los productos que se fabrican en cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades del mercado canario, lo cual ayudaría a la bajada del precio de la cesta de la compra.

Igualmente, los empresarios del sector de perfumería y de Life Style mostraron su preocupación con los indicadores de ventas, lo que hace que el sector tenga que reforzarse en todos los ámbitos para mantenerse a flote. En sus planteamientos ven necesaria la bajada del IGIC en sus productos. A modo de ejemplo, los empresarios señalaron que en el caso de los relojes que superen los 150 euros de precios, es imprescindible que fiscalmente no sean  considerados de lujo, ya que hoy en día más del 80% de los relojes que se venden son los relojes tecnológicos, los conocidos como iwatch o Apple watch y que superan este precio.

Este producto es consumido especialmente por la población juvenil e infantil y no debe aplicarse el tipo incrementado de IGIC. Lo mismo ocurre con los accesorios de plata y los que tienen alguna piedra semipreciosa, así como los artículos comunes de piel, que fiscalmente son tratados igual que la alta joyería o la alta peletería, cuando precisamente vienen a cubrir la demanda de los consumidores con menos capacidad económica.

En este ámbito, se trató también la competencia desleal que supone la venta de productos en superficies aeroportuarias, libre de impuestos, frente a la aplicación fiscal que sufre el comercio tradicional en la venta de sus productos.

Igualmente, en cuanto al comercio electrónico se advirtió de las graves consecuencias que está teniendo para el sector comercial que las grandes plataformas comerciales en internet introduzcan en Canarias sus productos de menos de 150 euros, sin aplicación del IGIC y del trámite aduanero DUA, frente al comercio tradicional que sí tiene que gravar su mercancía con IGIC, además de afrontar los gastos administrativos derivados de la elaboración del DUA.

Entre otro orden de cosas, los empresarios pidieron sensibilidad al Gobierno de Canarias en el acceso a los concursos públicos de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que se ven afectadas por los elevados avales que se requieren en la convocatoria de concursos públicos, lo que favorece a las grandes empresas. En este asunto, se apostó por que las administraciones canarias realicen  división por lotes en sus adjudicaciones, lo que conllevaría un aval menos costoso para las pymes canarias, que podrían luchar en igualdad de condiciones con las grandes empresas, garantizando de esta manera su acceso a la contratación pública. En este punto, Cecapyme considera que sería necesario que no se adjudique más del 30% de la contratación pública a una sola empresa, con el fin de generar riqueza en un tejido empresarial más amplio.