El pleno del próximo 13 de marzo aprobará la nueva ley de cámaras de comercio de Canarias, tal y como acordaron ayer los grupos en el Parlamento.

El obstáculo para el acuerdo unánime pasa por la fórmula de financiación de las cámaras. Por un lado, un bloque de fuerzas políticas apuestan por que sean las propias organizaciones empresariales las que decidan cómo repartirse las aportaciones públicas. Otro grupo opta por una regulación previa más clara, por provincias y en función del número de empresas adheridas a cada una.

El acuerdo en este ámbito parece complicado, no así en otras partes de la ley.

La nueva ley pretende, entre otros objetivos, adaptar la normativa canaria a la legislación básica del Estado y regular las elecciones para la renovación de los plenos de las cámaras isleñas. También se busca que estas instituciones participen en la internacionalización de la economía canaria, además de mantener sus acciones de fomento empresarial y de empleo, con programas de tutorización y apoyo a comercios o pymes.