La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) cree que el Gobierno regional no tiene «ninguna voluntad política de resolver el problema» del sector, «dejando a miles de familias en la más absoluta ilegalidad» y a otros tantos turistas «sin seguridad jurídica».

Ascav denunció que el Ejecutivo ha encargado una encuesta a una empresa privada para tener argumentos frente a la demanda de que se modifique el decreto que regula el alquiler de viviendas particulares a turistas.

La asociación defiende que esa encuesta «manipula el resultado» por el modo en que formula las preguntas.