El Gobierno aprobó ayer el decreto-ley que impide el trabajo a pérdida de los transportistas.
Asimismo, habilitó una nueva línea de ayudas directas a las empresas y profesionales del sector dotada con 450 millones de euros.
La nueva ley recoge que el precio del transporte efectivo cubra los costes individuales incurridos por el profesional. También establece la obligación de reflejar por escrito el precio del servicio y los gastos asumidos por el transportista.
Habrá sanciones para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
