En enero, la Conferencia de Presidentes decidió impulsar la reforma de la financiación para aprobarla antes de que acabe el año y que entre en vigor en 2018. Dos meses después, las expectativas que tenía Canarias entonces para la mejora de los criterios de reparto se han transformado en dudas, ante la posibilidad de que los cambios que se pretenden introducir acaben por perjudicar en lugar de favorecer a las Islas.

Dentro del comité de expertos que el Gobierno estatal y las autonomías han designado para proponer cambios, hay quienes cuestionan que los recursos del REF deban desvincularse de la financiación, en contra de lo que reclama el Gobierno regional.

Las autonomías con mayor PIB quieren además que la financiación se vincule a los tributos generados en cada región, lo que perjudicaría a Canarias por su diferencial fiscal.

El informe Nivelación territorial y estimación de necesidades de gasto, publicado en febrero por RIFDE, destaca la necesidad de aclarar la situación de Canarias a la hora de establecer el nuevo reparto de los recursos estatales.

Entre sus propuestas está la de «clarificar el papel de Canarias en el sistema de financiación de régimen común», respetando su condición de región ultraperiférica (RUP), pero «mejorando notablemente la transparencia de los recursos derivados de su Régimen Económico y Fiscal».