Para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria redujese las zonas de gran afluencia turística, tenía que haber tramitado un expediente administrativo que justificase el recorte, y conceder un plazo de alegaciones a los comercios. Sin embargo, estos pasos nunca se formalizaron.

El informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, elaborado ante la pretensión de suspender la apertura dominical de Las Arenas y Mesa y López, advierte de que cualquier alteración restrictiva no puede realizarse sin una motivación suficiente y con rigor jurídico.

El texto precisa que «los comerciantes afectados pueden ver mermados sus ingresos y podrían reclamar daños y perjuicios, el lucro cesante» que el recorte les pudiese provocar. Por todo ello, concluye que «no cabe variar los criterios vigentes sin una motivación suficiente».