La organización de autónomos ATA pidió ayer que se reforme la Ley de Segunda Oportunidad para incluir los créditos públicos (deudas con Hacienda y Seguridad Social) tras la sentencia del Tribunal Supremo que amplía la capacidad de los juzgados de lo Mercantil para actuar sobre ellos.
Según explica ATA, el fallo no sólo deja en manos de los juzgados de lo Mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público, sino que abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario subordinado.
El resto podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real.
Para ATA, esta sentencia avala la reclamación que su organización viene realizando desde que se aprobó la Ley en 2015: que se pueda pagar la deuda principal con Hacienda y Seguridad Social de forma fraccionada en función de la capacidad económica real del autónomo y se le exonere del pago de intereses, recargos y sanciones.