El Parlamento acordó ayer por unanimidad que el Gobierno Central adopte medidas para que las Administraciones Públicas Canarias no paguen el 0,5% de interés por los más de 45.000 millones que tienen paralizados en los bancos.
El pago medio al que tendrían que hacer frente los Ayuntamientos equivale al 25% de los presupuestos dedicados a servicios sociales.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece para las Administraciones la prohibición de emplear el superávit en algo que no sea pagar deuda o costear inversiones financieramente sostenibles.
