La Consejería de Hacienda ha solicitado al Gobierno central que amplíe los plazos máximos que tienen las empresas para materializar las inversiones de la RIC.

El departamento ha pedido ampliar este margen de cuatro a cinco años por la crisis derivada de la pandemia, cuando la Reserva se haya dotado con los beneficios correspondientes a los ejercicios de 2016 y 2017.

La ampliación solicitada sería de seis meses cuando la entrada en funcionamiento de la inversión se haya efectuado entre el 15 de septiembre de 2019 y el día que finalizó el estado de alarma, el 21 de junio.

Para las inversiones que se anticiparon a lo largo de 2017 y 2018, se pide incremetar de tres a cuatro años.

La Consejería solicita, además, que no se compute el periodo en el que estuvo vigente el estado de alarma para los plazos de consolidación de empleo.

En cuanto a las entidades de la ZEC, se reclama que para el mantenimiento del promedio de la platilla media anual no se compute el tiempo de vigencia del estado de alarma y los otros tres meses siguientes, en el caso de las sociedades inscritas en 2019, y el año completo para las empresas que lo hicieron en 2020.