Victoria González, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, explicó ayer en el Parlamento los problemas que genera la franquicia fiscal. «La actual franquicia fiscal es injusta tanto para los empresarios como para los ciudadanos que apuestan por comprar en el comercio local”, comentó.
González se refirió al perjuicio para los comerciantes canarios que supone exonerar del IGIC a las importaciones inferiores a 150 euros, medida aplicada en 2017 para incentivar el comercio electrónico en el Archipiélago.
En el resto de España también se implantó esta medida, pero se suprimió por el escaso impacto en las ventas y por la situación de injusticia que generaba dentro del sector.