El Consejo de Ministros aprobó el viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas, con un presupuesto de 11.000 millones de euros. 7.000 millones serán para ayudas directas, 2.000 millones solo para Canarias y Baleares, las que más recibirán.

Estos 7.000 millones se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros.

Como condición habrá que acreditar una caída de la facturación de al menos el 30% respecto a 2019.

Podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas, que tendrán que mantener su actividad hasta junio de 2022.