Canarias acaba de vetar a las empresas piratas, término con el que los sindicatos se refieren a las compañías que optan a concursos públicos con ofertas a la baja a costa de sacrificar las condiciones laborales de sus trabajadores.
La Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias ha estado reuniéndose con todos los grupos parlamentarios para impulsar medidas como esta, hasta lograr el apoyo político para que las empresas que opten a concursos públicos deban aplicar a sus trabajadores, como condiciones laborales mínimas, los convenios sectoriales propios de su actividad económica.
Así se recoge en los Presupuestos Generales de Canarias para 2018, donde se definen tanto las condiciones especiales de ejecución de los contratos de carácter social como las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas en la contratación administrativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Estas condiciones serán de obligado cumplimiento en la Administración pública de la Comunidad canaria, los cabildos, los ayuntamientos, y todas las entidades y sociedades públicas dependientes.
Las empresas deberán aplicar el convenio sectorial que le corresponda por su actividad económica y su ámbito territorial, o bien un convenio de empresa que mejore dichas condiciones laborales. No se podrá aplicar convenio alguno por debajo del sectorial, práctica habitual de las empresas piratas. Los pliegos de condiciones recogerán, necesariamente, que las empresas tendrán que mantener a todo su personal.
