Los ayuntamientos y cabildos canarios tendrán la obligación de ceder al Gobierno central los 3.200 millones de superávit acumulados durante los últimos años, en una decisión tomada por la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
La propuesta del Ministerio de Hacienda salió adelante con una gran oposición.
El acuerdo insta a los ayuntamientos a enviar a Hacienda el dinero ahorrado por las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La gran mayoría cumplen con no tener déficit, pero la regla de gasto ha bloqueado esos 3.200 millones en los bancos.
