Las entidades financieras empezarán a cobrar este año a las administraciones públicas un 0,4% de intereses por los depósitos que tienen inmovilizados. Esto supondría que los ayuntamientos y cabildos tendrían que pagar hasta 16 millones de euros anuales a los bancos por un dinero que no pueden invertir porque la ley lo prohibe.
Las corporaciones locales de Canarias acumulan 4.000 millones de euros entre remanentes y superávit en los bancos sin poder invertir.
Estos intereses tienen base legal en el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España, con el fin de movilizar los depósitos para así dinamizar la economía y que no haya ahorros improductivos en las entidades financieras.
Las corporaciones locales negociarán con el Gobierno central y los propios bancos para evitar este tipo de gravámenes. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ya solicitó en diciembre algún mecanismo para evitar que los intereses no se apliquen a los fondos públicos procedentes del superávit, que no se pueden invertir por la ley de estabilidad.
