Las empresas tendrán que pagar unos 25 euros de penalización por cada contrato temporal que den de baja, según consta en el nuevo documento de reforma laboral del Gobierno.
La propuesta endurece la actual penalización hasta en un 40% y la extiende a todos los contratos temporales.
En cuanto a la limitación del uso del contrato eventual y una vez descartada la idea de fijar un máximo del 15%, el Gobierno establece unos topes en la utilización de estos contratos en función del tamaño de las empresas.
Asimismo, establece una duración máxima de tres meses para los contratos temporales para actividades ocasionales, que se elevará hasta los seis meses si estos obedecen a circunstancias de la producción.
