El Gobierno canario negocia con el central la aplicación de un plan contra la explotación laboral en hostelería, comercio y servicios, mediante el cual 40 inspectores llevarían a cabo 1.600 actuaciones durante seis semanas.
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, atribuyó las irregularidades en el plan de lucha contra el fraude y la explotación a la reforma laboral, que abarató el despido.
El Gobierno central se compromete con este convenio de inspección a aportar más inspectores, mientras que Canarias pondrá los fondos necesarios.
