Casi el 90% de las empresas que se acogieron a un concurso de acreedores en España acabaron en liquidación en 2018, según el Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Los expertos indican que esta altísima tasa se debe a que el empresario tarda demasiado en recurrir.
La directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, aprobada en junio de este año, intenta adelantar el momento de la intervención para que las medidas pertinentes se adopten lo antes posible, aumentando las opciones de salvar a las empresas viables.
La directiva prevé mecanismos de alerta que podrían activarse cuando el deudor no ha efectuado determinados tipos de pago. También servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados e incentivos para que los terceros que dispongan de información sobre el deudor adviertan a este de cualquier incidencia.
