antoniorodLeemos en los diferentes medios de comunicación que el presidente de Canarias anda estos días en la tarea de vender el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el exterior con la finalidad de atraer inversiones a nuestra tierra, en particular, los beneficios de la Zona Especial Canaria.

Esta tarea sería encomiable, si no fuera porque lo que realmente se está vendiendo es una discriminación fiscal, se está vendiendo una fiscalidad directa del 4% a los inversores exteriores, mientras que en Canarias pagamos unas empresas (las de servicios, en general) el 28% del Impuesto sobre Sociedades, otras empresas el 14% (las que desarrollan actividades productivas) y, las personas que aquí vivimos, pagamos los mismos impuestos que el resto de los residentes en el territorio nacional. Es decir, que en Canarias se produce una pura y dura discriminación fiscal.

Sr. presidente, no entiendo que su primera y más importante misión al acceder a la presidencia de Canarias no sea enmendar los errores cometidos, y proporcionar a nuestra sociedad igualdad, que tengamos las mismas oportunidades que disfrutan el resto de personas y empresas residentes en el territorio peninsular. Para garantizar la igualdad de oportunidades a los canarios, las personas y las empresas, deben contar con una fiscalidad diferente a la del resto del territorio, hecho éste, que ustedes mismos tienen asumido, como lo demuestra el hecho de que hayan establecido para las empresas radicadas en la Zona Especial Canaria el pago del 4% del Impuesto sobre Sociedades, ya que de no ser así, de no contar con una fiscalidad marcadamente diferenciada saben que no sólo no van a atraer inversión, sino que no van a generar actividad económica y empleo en dicha Zona Especial.

Son plenamente conscientes, de que para que un territorio como el nuestro, lejano y fraccionado, sea atractivo para cualquier empresa, debemos compensarles esos graves condicionantes con una fiscalidad tan diferenciadamente baja al resto del territorio europeo e internacional, para que podamos ser, al menos objeto de estudio de destino de inversión.

Las empresas que ya estamos radicadas aquí, que generamos con gran esfuerzo actividad económica y empleo, que llevamos años produciendo, prestando servicios, manteniendo un empleo estable y de calidad, parece ser que no merecemos que se nos compense la insularidad y la lejanía para que podamos producir en las mismas condiciones que las empresas de nueva creación, o que las empresas de capital exterior. Además, estoy en el profundo convencimiento, que esto va a provocar la desaparición de empresas canarias, de todas las actividades económicas que puedan desarrollarse en la Zona Especial Canaria, ya que el punto de partida de competencia en el mercado, es totalmente diferente.

Creo, presidente, que la proactividad con la que ha iniciado su mandato, dice mucho de Ud., pero no desde luego, la priorización de los asuntos a abordar en su agenda, dicho esto, desde mi humilde opinión.

Porque para mi, la prioridad sería que toda la ciudadanía de Canarias, y las empresas canarias tengan igualdad de oportunidades que el resto de mis connacionales, y a parir de ahí, todo sería ganancias, a partir de ahí, atraeríamos inversión extranjera o no, pero lo que urge es que los condicionantes de insularidad y lejanía sean compensados a través de una fiscalidad directa drásticamente diferenciada del resto del territorio, no como privilegio sino como única herramienta para lograr la igualdad.

La sociedad canaria está clamando la adopción de medidas en este sentido, y usted conoce tan bien como yo, los datos de paro, de exclusión social, de pobreza, los índices de generación de actividad económica. ¿Por qué facilitamos a las empresas nuevas o extranjeras, el que generen empleo, mediante el pago del Impuesto de Sociedades a un tipo de gravamen casi testimonial, y no se lo permitimos a las que ya están radicadas en Canarias, o llevan tiempo constituidas? ¿Es justa esta situación? Si las empresas aquí radicadas tuviéramos esa fiscalidad, le puedo asegurar señor Presidente, que también lo haríamos.

Y no digamos nada, si esta baja fiscalidad la aplicáramos a todas las personas físicas que residimos en Canarias. El dinero que se ahorraría en impuestos iría directamente a nuestra economía, no sólo incrementaríamos el gasto, que es tan beneficioso para la economía, permitiría también incrementar la capacidad de ahorro de los canarios (anulada por la crisis económica), permitiría generar más autoempleo y empleo en general, y sobre todo, recuperar el bienestar social en nuestra tierra.

No es sostenible, que nosotros, los que residimos en Canarias, a miles de kilómetros del territorio peninsular, que nos cuesta más abastecernos hasta de los bienes más esenciales para el consumo humano (no en vano la cesta de la compra en Canarias es la más cara del territorio nacional), que nos cuesta más la energía, que nos cuesta más desplazarnos, nos exijan los mismos impuestos que a los españoles residentes en territorio peninsular.

Permítanme brevemente, reiterar lo que tantas veces he recogido en mis artículos, que los Reyes Católicos, concedieron a nuestros antepasados una bonificación en imposición fiscal de la época del 80%, para en lo posible igualar el costo de los productos necesarios para su subsistencia (pues los recursos eran, y son escasísimos); bonificación que disfrutaban todos los residentes por igual.

A partir de ahí, y a lo largo de toda la historia de Canarias hasta 1991, todas las franquicias arancelarias y al consumo las disfrutaron todos los residentes en Canarias por igual, ciudadanos y empresas, así como la libertad de Importación y Exportación y la prohibición de Monopolio. No se consideró nunca un privilegio, más bien se nos otorgaba un “derecho” necesario para igualar nuestro bienestar.

En Canarias, no ha cambiado ni lejanía, ni nuestra situación geográfica, ni milagrosamente han surgido recursos naturales, lo que ha cambiado es la apuesta de los distintos gobiernos autónomos canarios y las sucesivas legislaturas parlamentarias, por un modelo económico que apuesta sólo por las empresas, por un modelo económico, que a pesar de evidenciar su ineficacia y agotamiento, se empecinan una y otra vez por volver a renovar, empobreciendo cada vez más a la sociedad canaria.

Lo más triste para los que vivimos y nos sentimos canarios, es saber que nada de esto nos lo ha impuesto nadie, ni Gobierno central, ni Europa, sino que han sido los políticos de aquí los que nos llevan más de veinte años penalizando, sin darnos la igualdad consagrada en nuestra Constitución.

Ahora, Ud. Sr. Clavijo se lanza a buscar inversiones extranjeras, iniciando una ronda de contactos con los Embajadores, en los que destaca los niveles de nuestras infraestructuras y la seguridad jurídica existente en Canarias (antes el Sr. Rivero, que fue a Hollywood, para traerse los rodajes a Canarias).

Hay buenas infraestructuras en Canarias, cierto; seguridad jurídica, relativa (no olvidemos la azarosa trayectoria en la interpretación jurídica de la reserva de Inversiones de Canarias, otro de los instrumentos fiscales del REF para las empresas), pero lo que indudablemente no hay, es igualdad. No hay ni igualdad en el trato fiscal entre empresas y ciudadanos, ni hay igualdad de oportunidad entre canarios y residentes en el resto del territorio peninsular.

Si yo fuera presidente, y le aseguro que no tengo ni he tenido aspiraciones políticas nunca, mi prioridad sería lograr para nuestra Canarias, para nuestro pueblo y nuestras empresas, la igualdad, porque de ello depende el desarrollo y el bienestar social.

Antonio Rodríguez Suárez, español nacido en Canarias