antoniorodSe está convirtiendo en costumbre habitual apuntar al contrario para justificar las acciones propias, sin que se atisbe el menor ejercicio de autocrítica por parte del que apunta.

Algo parecido ocurre con lo que se transmite sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, combate en el que se hay implicados muchos púgiles, pero el único derrotado es la sociedad canaria, a la que se le ha denegado la posibilidad de participar en la lid, por tanto se ha quedado indefensa. La pugna parece Madrid-Canarias.

Me explico: el actual REF, no nos ha sido impuesto por el gobierno de la Nación, ha sido el Gobierno de Canarias compuesto por Coalición Canaria y el PSOE de Canarias quienes, con la unanimidad de todas los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, el que ha hecho su propuesta de Régimen Económico y Fiscal, y después ha trasladado a Madrid y éste a la Unión Europea.

En el pasado todos los precedentes históricos que han conformado el singular REF de Canarias y configuran nuestro acervo histórico, sí fueron concedidas o «impuestas» por  las autoridades de Madrid, procedieran de las diferentes monarquías o de los diferentes gobiernos de la Nación.

Esa imposición se justificaba por parte de estas autoridades como medida de compensación a este lejano archipiélago por el gran sobrecoste derivado de la localización geográfica. Se han venido configurando desde el siglo XV hasta 1991 condiciones fiscales especiales, de tal suerte que los residentes en Canarias pagábamos menos impuestos que los del resto del territorio peninsular. No se nos concedieron privilegios, simplemente se otorgó un tratamiento especial en lo administrativo y en lo económico y fiscal, al conjunto de la sociedad Canaria.

Todo esto se perdió como ya hemos mencionado con anterioridad voluntariamente el año 1991.

Es a partir de este momento cuando los sucesivos gobiernos canarios hacen un REF para determinados sectores empresariales,  ignorando y dando la espalda al resto de la sociedad canaria.

Tan convencido está el Gobierno autónomo que para que Canarias sea rentable, y que a las empresas les sea atractivo radicarse en nuestro territorio, que configuró la Zona Especial Canaria. A través de este instrumento, las empresas podrán pagar sólo el 4% del Impuesto sobre Sociedades. Esta baja fiscalidad compensa, acertadamente, los efectos de la insularidad y la lejanía, la fragmentación del territorio, la escasez de materia prima…

Si esa es la fiscalidad necesaria para que las empresas que se establezcan puedan ser viables y crear los tan necesarios puestos de trabajo que precisamos, ¿qué ocurre con las empresas ya establecidas, y sobre todo, con las personas que residimos en Canarias y pagamos los mismos impuestos que el resto de residentes en el territorio nacional?

¿No entienden nuestras autoridades autónomas que el resto de la sociedad es también la que precisa dicha fiscalidad, como medio de  compensación  del enorme sobrecoste que tienen las personas en Canarias para vivir, para consumir, y las empresas para producir?

¿Qué razones ó motivos han llevado a los gobiernos autónomos a darle la espalda a las personas físicas?

Una de las razones fundamentales se basa en que los instrumentos fiscales que vienen planteando los gobiernos autónomos a partir de 1991, consistente en la Reserva de Inversiones para Canarias (básicamente en una exención fiscal sobre el Impuesto de Sociedades) y la Zona Especial de Canarias (que permite a las empresas tributar sólo el 4% del Impuesto de Sociedades) sólo afecta a las arcas del Estado. Es decir, como lo que se recauda a través del Impuesto sobre Sociedades (250 millones de euros) va destinado en su integridad al Estado, y no le afecta a su propia tesorería, se permite diseñar  imaginativos y sofisticados instrumentos de atracción de la inversión.

Ahora bien, diseñar dichos instrumentos respecto al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, sí le afectaría a su propia tesorería, no en vano, percibe el 50% de lo recaudado en dicho concepto, es decir, los setecientos cuarenta millones de euros del total de los mil cuatrocientos ochenta y uno millones de euros que pagamos todos los canarios. Entonces podemos concluir que esta es la verdadera razón para que no se desarrollen medidas fiscales que compensen la insularidad y la lejanía de las personas que residimos en esta tierra.

Esta avaricia, esta irresponsable avaricia presupuestaria, ha sido avalada por todas las fuerzas políticas de Canarias.

No es que no sepan que las personas tenemos los mismos sobrecostes de insularidad y de lejanía, claro que lo saben, pero si adoptan para con ellas las mismas medidas fiscales que para las empresas, les va a tocar su bolsillo.

Permítanme que vaya incluso un paso más allá: no es una cuestión sólo de avaricia, también es de severa miopía gubernativa, ya que si las residentes en Canarias tenemos más renta disponible, gastaríamos más y se generaría mucha actividad económica, que haría incrementar también los ingresos de la Comunidad Autónoma  (recuerden las sabias palabras de Bravo Murillo).

Por eso lideramos el ranking de las comunidades autónomas con más pobreza y exclusión, con más paro. Capítulo aparte merecen la formación y otros aspectos sociales.

Y como esto era poco en lo que respecta a la imposición directa, en la indirecta el Gobierno autónomo sí piensa y sí diseña instrumentos especiales. Crea el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías a las islas Canarias (no el Gobierno de la Nación) que es un impuesto que le permite recaudar de todos los residentes en Canarias más de ciento treinta millones de Euros, que también detraen de la circulación económica. Este impuesto no se paga en ninguna  región en España;  en todas las regiones españolas existen industrias y ningún gobierno autonómico ha solicitado AIEM, tampoco en ninguna región Europea, entre otras cosas, porque no tiene cabida en el ordenamiento jurídico europeo, ya que el artículo 1-4 de la Constitución Comunitaria garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales (las famosas cuatro libertades) y prohíbe «estrictamente toda discriminación por razón de nacionalidad». Es precisamente el Gobierno autónomo el que pide a Madrid que informe favorablemente en Bruselas para  que ésta le permita la aplicación de este impuesto, a los consumidores canarios.

El REF actual es responsabilidad de los representantes políticos canarios; es triste, pero fueron ellos los que renunciaron a nuestras especificidades, que venían «imponiéndose» desde el siglo XV hasta 1991, quedando testimoniado hasta en la Constitución de 1978, en su disposición adicional 3ª.

No nos la han quitado ni Madrid, ni Bruselas, nosotros solitos nos hemos bastado.

¿Podría nuestro Gobierno (Coalición Canaria-PSOE), explicarnos qué razones o fundamentos les han llevado a conseguir que Canarias sea el territorio Europeo con más paro y pobreza. Es ese acaso el bienestar que Vds. entienden merece nuestra sociedad?

Siempre se ha dicho: «La cuña del mismo palo es la que más aprieta».

Antonio Rodríguez Suárez, español nacido en Canarias.