Más de 10.000 empresas de Canarias han tenido que solicitar el aval del Estado para poder sobrevivir a la crisis. Los créditos ICO han inyectado unos 2.000 millones de euros al empresariado del Archipiélago, equivalente al 4,4% del PIB.

Casi dos de cada diez empresas de la región han recurrido a estos avales, que el Gobierno central acaba de ampliar en otros 20.000 millones para todo el país.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, tras los primeros 17 días del estado de alarma, Canarias perdió 5.426 negocios, una cifra histórica. Pero el mayor problema son las que se pierdan a partir de ahora.

El objetivo de los avales públicos es que estas empresas accedan al crédito bancario, que no podrían conseguir en las actuales circunstancias.

La gran mayoría de negocios que han solicitado el aval son pymes y microempresas dedicadas a la actividad turística. Las ayudas se podrían prolongar para las empresas de este sector.

Hay que recordar que la ayuda pública se limita a los avales. El Estado permite que las empresas y autónomos accedan al crédito en condiciones ventajosas, pero deberán devolver el préstamo.