El Ministerio de Fomento considera que la fijación de un tope máximo para los precios de alquiler de viviendas corresponde a los gobiernos regionales y a los ayuntamientos.

Fomento considera que estas administrciones locales son las que mejor conocen el mercado de la vivienda en sus respectivos territorios, ya que «no hay un solo mercado de la vivienda, hay muchos mercados en función de cada territorio».

Por ello, el Ministerio cree que deben ser las administraciones autonómicas y locales las que regulen sobre controles de precios del alquiler.