Las administraciones que no faciliten a la Audiencia de Cuentas la información necesaria para fiscalizar su gestión estarán sujetas a una retención del 2% en los pagos que tengan pendientes por parte de la Tesorería de la Comunidad autónoma, anunció ayer el Gobierno canario, ante los sucesivos incumplimientos en que incurren algunas administraciones.

La retención, que finalizará después de acreditar que estas entidades han colaborado finalmente con el órgano fiscalizador, se aplicará a los organismos autónomos y empresas públicas adscritas o participadas por el Gobierno regional.

También estarán sujetos los ayuntamientos, cabildos y mancomunidades, las universidades públicas y cualquier otro ente que reciba fondos de los presupuestos de la administración autonómica.

El procedimiento se iniciará a petición de la propia Audiencia de Cuentas, que concederá un plazo de quince días a la entidad incumplidora para que atienda sus requerimientos en relación a la correcta remisión de información y documentación.

Por otro lado, el Gobierno podrá contratar a trabajadores autónomos para la atención de dependientes, según el proyecto de decreto del nuevo reglamento de los centros y servicios de la Comunidad Autónoma. Además, introduce la profesión de asistente personal, que ofrece a la persona dependiente una atención personalizada.