El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que obliga a las empresas a establecer un registro de la jornada laboral de cada trabajador.

La medida pretende acabar con las horas extraordinarias no remuneradas para combatir la precariedad laboral y la merma de ingresos a la Seguridad Social.

Las empresas tendrán dos meses desde la publicación en el BOE para poner en marcha el control de entrada y salida de sus trabajadores. Los datos deberán mantenerse durante cuatro años y estar a disposición de los representantes de la plantilla o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando lo soliciten.