El Tribunal Supremo (TS) resolverá en las próximas semanas hasta 45 recursos contra la segunda moratoria turística, cuyas reclamaciones económicas de las empresas afectadas rondan los 650 millones de euros.

Son compañías que no han podido ejecutar sus proyectos en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife por las limitaciones del Gobierno de Canarias al desarrollo turístico. Estas empresas se acogieron a una fórmula que permite solicitar una indemnización a cambio de reclasificar el suelo a rústico de protección territorial durante cinco años, siempre que las parcelas sean de uso turístico y estén afectadas por la moratoria.

El Ejecutivo deberá evaluar los daños tras desclasificar las parcelas afectadas y las compensaciones, si proceden, las resolverá la Sala de lo Contencioso del TSJC.