Los empresarios canarios siguen oponiéndose a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y calculan, según el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, que ha dejado de invertirse unos mil millones de euros en infraestructuras turísticas en las Islas.

Al líder de la patronal le preocupa el impacto negativo sobre el empleo, ya que, según su punto de vista, estas normas generan inseguridad jurídica, frenando a los empresarios y dejando de crear empleo.

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), María Salud Gil, califica la nueva reforma de la Ley Turística como una «maniobra de distracción» y una demostración de las «políticas de injerencia en la economía». «Los empresarios llevamos décadas reivindicando que se nos deje invertir; en una crisis tan brutal, aún se plantean leyes para imposibilitar la inversión», añade Salud Gil.