Unos 12.000 jóvenes de las Islas se han acogido al Sistema de Garantía Juvenil, una iniciativa europea orientada a favorecer el acceso al mercado de trabajo. Los que reúnen los requisitos para beneficiarse de ella rondan los 40.000.

El director del Servicio Canario de Empleo (SCE) cree que los exigentes requisitos del Gobierno español, encargado de aplicar el programa, y el complejo sistema de registro explican que la acogida del Sistema esté por debajo de las expectativas.

El Ministerio de Empleo ya ha avanzado que flexibilizará las condiciones para formar parte de la iniciativa. En 2015 ya se amplió el límite de edad para participar de los 25 a los 29 años.

Los requisitos vigentes incluyen no haber trabajado en los 30 días anteriores a la fecha de la solicitud ni haber participado en acciones formativas de más de 40 horas mensuales en ese plazo ni en actividades educativas en los 90 días precedentes.

Para el registro, el Ministerio ha creado una nueva aplicación y un sistema telemático independiente de los servicios de empleo. La inscripción es solo por vía telemática y la aplicación “sigue dando muchos problemas».

Canarias ha optado por utilizar vías alternativas. El Servicio Canario de Empleo localiza en las listas del paro a los jóvenes susceptibles de beneficiarse de las actividades relacionadas con la inserción laboral y los selecciona para participar en sus propios programas.

La Administración autonómica calcula que la cifra de beneficiarios supere los 15.000 en unos meses, cuando entren en funcionamiento acciones con objetivos similares al que persigue el programa europeo.

El programa de formación en alternancia con el empleo facilitará a unos 1.500 jóvenes el aprendizaje profesional al tiempo que cuentan con un contrato de trabajo.

En colaboración con los cabildos se llevarán a cabo programas de “segunda oportunidad” para que unas 1.200 personas combinen un empleo y la vuelta a las aulas en ESO, educación de adultos o acreditación profesional.

Dentro de estas actuaciones, el SCE también incluye los incentivos a la contratación de jóvenes o el plan de inserción para titulados superiores, del que se beneficiarán 600 personas con formación universitaria o de FP superior.