El Tribunal Constitucional considera que deben ser los servicios de empleo de las comunidades autónomas quienes gestionen la ayuda de 426 euros para parados de larga duración.

Una sentencia ha anulado parcialmente la norma por la que la gestión se encomendaba al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).

El Tribunal precisa que su sentencia “no afecta a la subsistencia y a la continuación en la concesión de las ayudas económicas”. Por tanto, los parados que cobran los 426 euros lo seguirán haciendo.

El TC concluye que no está justificada una gestión centralizada por el SEPE de la ayuda. Por ello, considera “inconstitucional y nula” la atribución que la normativa reguladora del citado Programa efectúa al SEPE para que sea éste el encargado de ejercer las funciones de concesión y pago de la “ayuda económica de acompañamiento”.