La Consejería de Empleo, Industria y Comercio ha promovido un encuentro para mañana con la de Política Territorial para incrementar la cuota de inversiones que están en disposición de materializarse, tratando de desatascar los parques eólicos que están en tramitación desde el año 2008. Como dato, de los 440 megavatios de potencia adjudicados hace siete años, solo 97 cuentan a día de hoy con una declaración de impacto ambiental positiva.

Otros 70 megavatios más han completado su recorrido burocrático, sin embargo, están afectados por las servidumbres aéreas del aeropuerto de Gran Canaria, lo que impide que comiencen a funcionar en el lugar en el que estaban proyectados. Los empresarios que aguardan por materializar una inversión superior a los 500 millones de euros se han quejado reiteradamente a la consejera de Industria, Francisca Luengo, de las numerosas trabas que padecen para sacar adelante sus planes en dos puntos exactos de la Administración canaria: el departamento medioambiental y la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac).

Luengo optó por promover la figura del interés general con el fin de salvar los numerosos problemas derivados de no contar con un planeamiento insular ni municipal definido en la mayor parte de las Islas.

La Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico de 2008 alertó de que esta medida no estaba sirviendo de mucho porque cuando sus proyectos llegaban a la Cotmac quedaban sobre la mesa, sin aprobarse. El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, encargó un informe a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para determinar si es procedente la declaración de interés público en este caso. La respuesta fue afirmativa. Aun así, la lentitud en la tramitación continuaba. La pasada semana, el Ministerio de Industria y Energía remitió un requerimiento para que Luengo modifique el decreto que puso fin a los concursos eólicos como fórmula de adjudicación.

La consejera intenta que se acelere la aprobación del resto de megavatios aún sin tramitar.