El Gobierno canario pretende modificar algunos aspectos vigentes del decreto que regula el alquiler vacacional en las Islas, ante el temor por el auge de camas irregulares dedicadas a esta modalidad turística.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anularon algunos de esos puntos que ahora se quieren cambiar para, posteriormente, elaborar una ley que regule este subsector turístico, cada vez más importante en el Archipiélago.

El alquiler vacacional está provocando inconvenientes en el mercado de la vivienda y en la convivencia en edificios y comunidades de vecinos donde se mezclan el alquiler residencial con el turístico.

Fernando Clavijo mostró su preocupación ante una posible sentencia contraria del Supremo tras el recurso presentado por la Comunidad Autónoma al fallo del TSJC que anula varios preceptos del decreto.

El objetivo del Gobierno regional es elaborar una ley para darle un mayor rango jurídico a las viviendas vacacionales, abriendo un debate con todos los implicados del sector y con los grupos políticos del Parlamento.

Según los últimos informes, hay unas 128.000 camas vacacionales, de las que casi la mitad están fuera del mercado al no estar incluidas en ninguno de los supuestos que se recogen en el decreto parcialmente anulado por la Justicia.