El Congreso de los Diputados aprobó hace unos días una serie de limitaciones para invertir en crowdfunding, la financiación mediante micromecenazgos que ha venido ganando popularidad durante estos últimos años de crisis debido al cierre del crédito por parte de las entidades financieras.

Para los proyectos más grandes, generalmente de pequeñas empresas, la nueva norma distingue entre dos tipos de inversores: el acreditado y el no acreditado. En el primero se incluyen instituciones, empresas medianas o grandes que tengan unos activos de un millón de euros, una cifra de negocio superior a los dos millones o unos recursos propios por encima de la barrera de los 300.000 euros, y todas las personas con unas rentas de más de 50.000 euros anuales o un patrimonio por encima de 100.000 euros.

Quien no encaje en ese perfil se le considera inversor no cualificado y tendrán limitadas sus inversiones en este tipo de iniciativas a 10.000 euros al año. Asimismo, las plataformas web dedicadas al crowdfunding deberán actuar bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El propósito es evitar riesgos para los inversores.

Según Ángel González, asesor para temas de crowdfunding, estas restricciones pueden provocar que muchos se vayan a buscar financiación a otros países, como Reino Unido, donde la regulación es mucho más laxa.

Roberto Moreno, director General de Telecomunicaciones del Gobierno de Canarias, considera que esta ley limita las nuevas formas de financiación para la pequeña y mediana empresa y para los proyectos culturales y que solo beneficia a las entidades bancarias que han visto como han perdido una parte del mercado del crédito en los últimos años.

Las negociaciones entre el Gobierno y las plataformas de crowdfunding han durado más de un año y, en general, los inversores han quedado satisfechos.