Nace la plataforma de propietarios afectados por la restricción al uso residencial que impone la Ley de Modernización Turística en los complejos de apartamentos ubicados en la costa del Sur de Gran Canaria.

Este colectivo, formado por representantes de 130 establecimientos, cifra en más de 40.000 los perjudicados por la normativa y estima en 300 millones de euros las indemnizaciones que la Administración debe pagar a los afectados por vulnerar sus derechos sobre el uso de la propiedad privada.

Los propietarios de apartamentos a los que les afecta la Ley Turística, que limita el uso residencial en parcelas calificadas con fines de alojamiento turístico, han mostrado esta semana su rechazo a la normativa.

La junta directiva de la plataforma está compuesta por 17 representantes de complejos de apartamentos de diferentes zonas del litoral. Este método de organización interna permite la creación de comités de trabajo elegidos democráticamente y agiliza la puesta en común de los intereses de cada urbanización.