La actualización de las normas económicas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), todavía pendiente y con fecha incierta pese a las reivindicaciones de autoridades y empresarios de las Islas a quienes esta misma semana se ha sumado el ministro José Manuel Soria, lleva a pensar que el trabajo realizado en los últimos años con los cambios fiscales para actualizar este potente instrumento de desarrollo del Archipiélago ha quedado en una operación a medias, inacabada e incompleta.

El 1 de enero entró en vigor la modificación de los aspectos fiscales, que no económicos, del REF. Fue el resultado de incorporar al derecho español las negociaciones con las autoridades comunitarias para adecuar esta herramienta a los cambios introducidos en la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado para el periodo 2014-2020.

La sociedad canaria, en general, comparte la convicción de que el REF constituye nuestro verdadero fuero por ser históricamente la norma que refleja el hecho diferencial canario en respuesta a la necesidad de amortiguar los costes adicionales que soportan los ciudadanos y empresas derivados de las especiales características de las Islas relacionadas con la insularidad, la lejanía, la orografía o la climatología. Con este cambio son más de diez las modificaciones incorporadas al REF desde 1994, año de la primera transformación de la Ley de 1972, todas ellas referidas a los incentivos fiscales, como la Reserva para Inversiones en Canarias, la Deducción por Inversiones en Canarias o la Zona Especial de Canarias.

En esta ocasión, las modificaciones más significativas, destacadas ya por representantes políticos y agentes económicos y sociales, pasan por la vinculación directa de la Reserva para Inversiones a la creación de empleo bajo determinadas condiciones y sin mediar inversión alguna. Hay más: una deducción por inversiones para las pequeñas y medianas empresas canarias que operen en África Occidental siempre y cuando se genere empleo estable en el Archipiélago; el plazo para la deducción por inversiones se amplía a 15 años; se mejora el tratamiento fiscal respecto al resto de España a las producciones cinematográficas y audiovisuales; y en lo que se refiere a la ZEC aumentan los plazos para la inscripción y se incrementan las actividades económicas susceptibles de beneficiarse de sus incentivos.

Ahora bien, aunque los incentivos fiscales son necesarios, no son suficientes para generar inversión y crear empleo y así reducir la insostenible tasa de paro de la región, del 31,08%, según los datos de la Encuesta de Población Activa conocidos esta misma semana. No cabe duda de que la permanente alusión a acrónimos como RIC, DPIC o ZEC produce cada vez más alejamiento, incomprensión y desafección de los ciudadanos hacia el REF. A ello viene contribuyendo en primer lugar, el legislador, después la clase política y al final, todos. El legislador se equivoca al denominar la norma como modificación del REF, cuando afecta exclusivamente a la modificación de diversos incentivos fiscales tal y como recoge el primer párrafo del real decreto ley que entró en vigor el 1 de enero. La permanente alusión al REF cuando nos referimos a sus instrumentos fiscales -RIC, DPIC o ZEC- desvirtúa la esencia misma del fuero canario. El REF es mucho más que incentivos fiscales.

No debemos perder la perspectiva y llamar a las cosas por su nombre. Conviene recordar que el REF vigente se desdobló en dos leyes, la de 1991 sobre la modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la de 1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Esta última inició su andadura como borrador de anteproyecto de ley y perdió por el camino la denominación correcta, que evidentemente se refería a la modificación de los «aspectos económicos» del REF, ya que contiene los incentivos fiscales pactados en 1991 así como un conjunto de medidas económicas relevantes tanto para las actividades realizadas en las Islas como para los ciudadanos que las habitan.

El REF, sin el cual la región no hubiera podido alcanzar los niveles de desarrollo económico y social logrados en particular en la década previa a la actual crisis económica no es un asunto que afecte e interese exclusivamente a los empresarios. Al contrario, aunque en ocasiones no se perciba con claridad, afecta y tiene como eje central a los ciudadanos. Está presente en nuestra vida diaria desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y afecta directamente a nuestra cartera, al tratarse de medidas compensatorias que intentan paliar los sobrecostes que padecemos derivados de la lejanía e insularidad. Es el caso de la energía, el agua, el transporte, las telecomunicaciones, el fomento del empleo o la financiación de las pymes.

A diferencia de los incentivos fiscales que se han modificado en más de diez ocasiones, el contenido económico del REF recogido en la ley de 1994 ha permanecido inalterable sin haberse revisado desde entonces. Urge, pues, la actualización de los aspectos económicos del REF.

El actual ignora los avances logrados en la construcción de la Unión Europea desde la perspectiva de las regiones ultraperiféricas. De este nuevo acervo comunitario se benefician las Islas, puesto que desvincula la intensidad de las ayudas de Estado del nivel de renta. Se trata de una cuestión importante para Canarias, que supera desde hace años el 75% de la renta media comunitaria en paridad de poder de compra. Con este dato, quedaría fuera de buena parte de las ayudas europeas.

Además, la redacción actual de gran parte de los aspectos económicos se encuentra desfasada y superada por la normativa sectorial específica, dispersa y desconexa en determinadas materias. Por ejemplo, respecto al principio de libertad de transporte y la liberalización de servicios. La redacción actual del REF recoge la ausencia de monopolios en la prestación de servicios de transporte marítimo y aéreo cuando estos servicios están liberalizados desde hace años. Las tarifas de los servicios regulares del transporte marítimo y aéreo contemplan una reducción del 33% para los trayectos del Archipiélago al resto del territorio nacional y del 10% para las rutas interinsulares en Canarias, cuando la reducción real ya alcanza el 50% en ambos casos. Ocurre lo mismo respecto al transporte marítimo y aéreo de mercancías. La ley del REF no asigna cuantía mínima de compensación cuando la normativa específica recoge actualmente una cantidad mínima del 50% dependiendo de los tráficos interinsulares, entre islas capitalinas, entre islas capitalinas y no capitalinas o entre el archipiélago y la península.

Otra muestra de la obsolescencia de las medidas económicas del REF afecta a las telecomunicaciones. La redacción actual de la ley resulta anacrónica, pues recoge que estos servicios pueden prestarse en régimen de competencia cuando están liberalizados desde 1996, y alude a tarifas públicas para fijar el precio de las telecomunicaciones interinsulares y entre las islas y la península cuando se trata de algo totalmente superado. Lo relevante en la actualidad no es el precio, ya que debe ser el de mercado al realizarse en régimen de competencia, sino el acceso a las redes de banda ancha para mejorar la calidad y la velocidad de las tecnologías de la información y la comunicación y así favorecer el tránsito de Canarias hacia la sociedad del conocimiento.

También, la norma se ha de adaptar a la actual realidad económica y social de las Islas, a la del resto de España y a la del entorno regional cercano. La realidad actual es muy diferente y en nada se asemeja a la de hace 21 años. Ya sea por el volumen de población, con medio millón de habitantes más que en 1994; la mayor tasa de desempleo conocida en la historia de Canarias; la consolidación de la actividad turística como locomotora de la economía del Archipiélago; el escaso desarrollo y penetración de las energías alternativas; así como la necesidad de prever y potenciar las nuevas oportunidades que ofrece un mundo globalizado y en permanente transformación.

Más allá de esporádicas declaraciones de los dirigentes políticos no se ha detectado hasta esta semana la voluntad e interés de acometer la necesaria actualización del contenido económico del REF. Este 2015 con elecciones autonómicas y locales el 31 de mayo y elecciones generales después, constituye una buena oportunidad para fijar las bases de la actualización de los aspectos económicos del REF. Esto requiere generosidad, sentido común, altura de miras y un amplio consenso de la clase política y el apoyo de las entidades sociales y económicas. Sería bueno conocer la posición de las distintas fuerzas políticas. ¿Es esto posible? Estamos a menos de 90 días de la disolución del Parlamento de Canarias. Es deseable que sí.