Hoy se aprueba la reforma del Estatuto de Canarias en el pleno del Senado, una norma adaptada a la realidad socio-política del siglo XXI, que sustituirá al vigente desde 1982.

La nueva carta aumenta el autogobierno de la Comunidad con nuevas competencias dentro del marco constitucional, reconoce la identidad política propia del Archipiélago y consolida y aumenta los derechos sociales y libertades públicas de la ciudadanía isleña.

Entre las principales modificaciones se encuentran la reforma del sistema electoral para hacerlo más proporcional; el anclaje del REF y su desvinculación del sistema general de financiación autonómica; y la eliminación del privilegio judicial del aforamiento a los diputados regionales, la primera autonomía que lo hace.

El texto otorga a Canarias capacidad de decisión en costas y aeropuertos, reconoce por primera vez como aguas canarias aquellas integradas dentro del contorno del Archipiélago y se abre a la futura participación de la Comunidad en las actuaciones de competencia estatal en dichas aguas.

La nueva norma aumenta también las competencias en sanidad exterior, control fitosanitario, tráfico aéreo interinsular y telecomunicaciones, además de elevar la capacidad de decisión en materia de actividades económicas, industriales y turísticas, educación, políticas sociales, seguridad y ordenación de los recursos naturales.

En los derechos sociales, el nuevo Estatuto de Canarias incorpora medidas referentes a políticas de igualdad, protección a la familia, orientación sexual e identidad de género y lucha contra la exclusión social y la pobreza.

Se reconoce entre otros el derecho a una renta de ciudadanía, se garantiza el derecho de las personas en situación de dependencia al fomento de su desarrollo personal y social y se incorpora el uso de la lengua de signos para personas sordas en los trámites administrativos.