El Gobierno en funciones no puede tomar decisiones relativas a los Presupuestos, por lo que no puede liberar los 160 millones del ITE que aún aparecen reflejados en las cuentas estatales de 2016. Tendrá que ser el nuevo Ejecutivo quien lo haga.

La ley impide expresamente la adopción de cualquier medida que tenga efectos directos en materia presupuestaria, lo que incluye la liberación de fondos que requiere la cesión del ITE a Canarias.

Los 160 millones están en las arcas de la Comunidad Autónoma, pero es la ejecución de esos fondos lo que requiere a efectos legales que los recursos dejen de estar recogidos en los Presupuestos estatales.

El retraso no debería incidir negativamente en el uso que el Gobierno canario quiera darle a los fondos del ITE, porque los proyectos para su ejecución aún están en preparación.