El Gobierno canario tarda unos 33 días de media en pagar las facturas a sus clientes y proveedores, disminuyendo los plazos a casi la mitad en un año.

La ley de morosidad fija en un mes el plazo de las administraciones públicas para abonar la entrega de productos y la prestación de servicios, objetivo que la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional espera alcanzar este año.

Sin embargo, el dato difiere de la información del último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que fija la morosidad de las administraciones públicas canarias en 66 días, con un incremento en el último trimestre de 2015 del 8,2%.

La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, discrepa del estudio realizado por los autónomos y argumenta que los datos están corroborados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Hacienda defiende que la Administración tiene un margen de 30 días desde que entra la factura para tramitarla hasta que se da la orden de pago. La Administración estima que la morosidad empieza a contar a partir del día 31. Pero el presidente de ATA en Canarias recuerda que desde el año 2013 la morosidad por ley de las administraciones públicas está fijada en 30 días como máximo y que las instituciones siguen incumpliendo.