El Gobierno de Canarias primará a las empresas con responsabilidad social en la contratación pública, según adelantó ayer el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza.
Así, las compañías con una contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental más allá del cumplimiento de la legislación, partirán con ventaja en las licitaciones.
La normativa en elaboración proyecta conceder una mayor puntuación en los concursos públicos a las empresas con productos canarios o empleo de calidad.
La propuesta aspira a superar a experiencias previas de otras administraciones públicas en las que se basa, como la de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona o la Comunidad Foral de Navarra.
El comisionado para la Inclusión Social no quiso detallar el borrador hasta su evaluación por la vicepresidenta autonómica, que más tarde trasladará el documento al Consejo de Gobierno, aunque no se pronostica su aplicación hasta 2017.
